PAIS

Encuesta revela que el 48,9% desaprueba el desempeño del gobierno nacional

La Universidad de San Martín (Unsam) realizó una encuesta nacional, orientada por su área de Opinión Pública que según indica, “tiene como objetivo el relevamiento y análisis permanente de las preferencias, intereses y percepciones de la ciudadanía argentina”, como así también “la evolución de la opinión respecto a políticas públicas, hechos de coyuntura e imagen de funcionarios”, entre otros asuntos.

 

Del estudio, se desprende que el 48,9 % de los argentinos no aprueba el desempeño del gobierno nacional. Asimismo, del estudio surge que por el contrario, un 32,2 % estima positiva la gestión que encabeza Mauricio Macri y un 17,85 % considera que no es “ni buena ni mala”. Sólo un 1,1 % de la muestra se incluyó en la categoría “No sabe/No contesta”.

 

Así, la encuesta determina que dentro de los que rechazan las políticas nacionales, el estudio distingue 3 categorías, discriminadas de la siguiente manera: “Malo” (17 %) “Muy Malo” (8,2 %) y “Pésimo” (23,7 %). En tanto, los que valoran positivamente la gestión se categorizan en “Excelente” (2,5 %), “Muy Bueno” (6,3 %) y “Bueno” (23,4 %).

 

Los 2.521 encuestados están repartidos por región, siendo la provincia de Buenos Aires la que registra el 39,4 % de los casos, la región Centro un 20,6 %, el noroeste un 10,3 %, ciudad de Buenos Aires registra el 8,4 %, el NEA 8,3 % de los casos, Cuyo un 7,8 % y la región patagónica 5,1 por ciento.

 

Entre otros sondeos, la profusa encuesta que recogió los datos desde el 27 de abril al 15 de mayo, indagó sobre lo que la población cree al respecto de la situación económica del país. Así, el 17,3 % consideró que está mejor que antes del cambio de gobierno, el 25 % dijo que está igual y el 53,9 % afirmó que está peor. La referencia notable surge de la comparación con la medición de los mismos conceptos hecha entre el 22 de febrero y 23 de marzo que arrojaron un 22 % en el primer ítem, 30 % en el segundo y 39 por ciento en el tercero.

 

A pesar de la dureza de estos datos, el 60 % considera que el gobierno podrá mejorar la situación y el 31,8 % estima que no, mientras que el 7,4 % se ubica en el rango “No sabe/No contesta”.

 

En cuanto a los aumentos de las tarifas de luz y gas, aquellos que están “Algo en desacuerdo”, “Muy en desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” suman el 71,7 por ciento; cuando por el contrario el 22,2 % están sumados en los rangos “Totalmente de acuerdo”, “Muy de acuerdo” y “Algo de acuerdo”.

 

En otro sentido, los consultados que expresaron estar informados por televisión (60,2 %), por los diarios (9,7 %), por radio (12,1 %) y por las redes sociales (15,4 %), evaluaron el desempeño de la Justicia de la siguiente manera: “Pésimo” (34,5 %), “Muy Malo” (14,5 %), “Malo” (21,2 %), “Ni bueno ni malo” (13,4 %), “Bueno” (12 %), “Muy Bueno” (1,6 %) y “Excelente” (0,4 %).

 

Otros datos recogieron la visión de las “actitudes” de Mauricio Macri frente a su involucramiento y al de su familia en los “Panamá Papers” y de Cristina Kirchner frente a la causa “Dólar Futuro”.

 

Mientras que el presidente recogió un 50,2 % de valoración negativa entre los ítems “Pesimo”, “Muy malo” y “Malo”, y un 14,4 % de visiones positivas entre los ítem “Excelente”, “Muy Bueno” y “Bueno”; la ex presidenta obtuvo un 64,8 % y un 14 % sobre las mismas variables respectivamente.

Serios incidentes en la Cámara de Diputados de Santa Cruz

La Cámara de Diputados de Santa Cruz fue escenario de fuertes incidentes, cuando la policía tuvo que sacar con matafuegos a un numeroso grupo de gremialistas que pretendían ingresar para estar presentes en la sesión convocada para tratar un nuevo endeudamiento para la provincia gobernada por Alicia Kirchner.

Con matafuegos en mano, la policía provincial desalojó a miembros de la Mesa de Unidad Sindical que querían presenciar el debate parlamentario, que debió suspenderse por los incidentes que incluyeron patadas y golpes de puño y que dejó un saldo de dos manifestantes heridos que debieron ser hospitalizados.

 

La Mesa de Unidad Sindical -que nuclea a los principales gremios estatales- lleva adelante desde hace meses una serie de protestas contra el gobierno de Alicia Kirchner en reclamo de mejoras salariales.

 

La Cámara de Diputados provincial debía tratar hoy un nuevo endeudamiento para la provincia de más de $10.000 millones, un nuevo esquema en las tarifas de los servicios públicos y un aumento en los Ingresos Brutos.

 

El endeudamiento le permitiría a la administración provincial contar con el financiamiento necesario para enfrentar, entre otros gastos, el pago de salarios.

 

Los efectivos descargaron el contenido de los matafuegos sobre los manifestantes en la entrada de la Legislatura provincial en medio de un clima de tensión que terminó con cubiertas incendiadas en el ingreso al edificio.

Según consignaron medios santacruceños, la policía intentó apagar el fuego en el acceso y hubo rotura de vidrios por las piedras que arrojaron los manifestantes, quienes se retiraron cuando se supo que la sesión había fracasado.

 

Legisladores de la UCR, Encuentro Ciudadano y Frente Renovador apuntaron contra el oficialismo y en una conferencia de prensa denunciaron que el kirchnerismo inició la sesión "sin quórum, contaron al presidente de la legislatura y eso lo impide el reglamento".

 

El vicegobernador, Pablo González, lamentó "las personas heridas tanto en la legislatura como de los manifestantes", al tiempo que aseguró que en la sesión de hoy "no se iba a tratar el endeudamiento, ya lo habíamos anunciado".

En tanto, el secretario general del gremio docente Adosac, Pedro Cormack, explicó que los gremialistas "quisimos ingresar al recinto para estar presentes en la sesión donde se va a endeudar la provincia y van a aprobar un impuestazo que sumirá a todos los trabajadores del Estado, particulares y comerciantes en la pobreza".

 

Entre los gremialistas que intentaron ingresar a la legislatura estuvieron los docentes de ATE, quienes llevan adelante desde el lunes una huelga de 96 horas por considerar insuficiente el aumento salarial del 10 por ciento en el básico, ofrecido por el Ejecutivo.

Para no ser despedidos de Tec Plata los trabajadores aceptan cobrar el 70% del sueldo

Directivos de la firma TecPlata acordaron con los trabajadores de la terminal de contenedores del Puerto de La Plata pagar un 70% de los sueldos hasta el 31 de enero de 2017, garantizando la estabilidad laboral sin necesidad de que concurran a trabajar.

 

Luego de varias conciliaciones obligatorias con los ministros bonaerenses de Trabajo, Marcelo Villegas y de Producción, Jorge Elustondo, y el presidente del Consorcio del Puerto La Plata, José María Dodds,  se llegó a un acuerdo que permitirá postergar el conflicto al menos hasta enero de 2017.

 

En tanto, desde el gobierno bonaerense se comprometieron a realizar las obras para dotar al Puerto de mayor competitividad e incentivar la actividad comercial en la terminal.

 

Dichas condiciones se mantendrán hasta tanto sean reincorporados, si la empresa comienza a producir, o bien hasta que el trabajador tenga la posibilidad de conseguir otro empleo.

 

Después de lo pautado se hará reingresar formalmente a 79 trabajadores pero los telegramas de despidos fueron para 101 trabajadores, por lo que 22 empleados quedaron afuera.

 

A principios de año, los trabajadores se vieron sorprendidos por la parálisis en la terminal y la intención de la empresa de despedirlos. A cambio, el consorcio del puerto no le cobrará el canon al grupo filipino ICTSI que concesiona la terminal.

 

 

 

Las 2 CTA: convocan a una marcha para el 2 de junio, contra el veto y el tarifazo

s titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky y de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, confirmaron que convocarán a una movilización unitaria el 2 de junio próximo a Plaza de Mayo como una “respuesta rápida al veto presidencial a ley antidespidos y el tarifazo” en los servicios públicos.

 

 

Pablo Micheli y Hugo Yasky anunciarán mañana la movilización del 2 de junio. 

“Creemos que es necesaria una respuesta rápida, después habrá tiempo para seguir con la unidad en la acción”, adelantó Yasky, en tanto Micheli expresó que la movilización será anunciada mañana en una conferencia de prensa.

 

“Nos vamos a movilizar en forma conjunta con la CTA Autónoma y organizaciones sociales y sindicales fuera del espectro de las CTA que también se van a sumar”, expresó Yasky.

 

Paralelamente, los tres líderes de la CGT se reunieron en la sede de UPCN. 

Por su parte, también esta tarde se reunían en la sede UPCN los titulares de las CGT Alsina, Azopardo y Azul y Blanca para continuar los preparativos del Comité Central Confederal convocado para el 3 de junio, en el que se plasmará la reunificación de la central obrera

Anunciaron un paro por tiempo indeterminado en el mayor ingenio azucarero de país

La medida de fuerza fue resuelta por una asamblea que rechazó el martes último "por insuficiente y mezquina" la oferta salarial del Ledesma, el ingenio azucarero más grande del país, propiedad de la familia Blaquier, relató Vargas a Télam en una entrevista telefónica.

 

Tras el debate con varias intervenciones "fue unánime el voto a favor de ir a una medida de fuerza por tiempo indeterminado sin asistencia, como expresión de disconformidad con lo ofrecido por la compañía", informó el Soeail sobre el desarrollo de la asamblea.

 

Vargas subrayó que hasta el 7 quedan casi dos semanas "para esperar que la empresa verdaderamente recapacite y reflexione acerca de los números que está proponiendo, y que ya no sólo nosotros se lo mostramos a la gente, sino que los informa la propia empresa".

 

Cifras que, según el sindicalista, "nada tienen que ver con las expectativas que tiene la gente" ya que, por ejemplo, Ledesma "pretende terminar pagándonos aproximadamente 1.100 pesos menos que el acuerdo en un ingenio mucho más chico y de menor poderío económico como es San Isidro", en la vecina Salta.

 

"La multitudinaria asamblea del martes le está dando a la empresa Ledesma el mensaje de que tenga una mejor propuesta, una mejor negociación en el ámbito de la buena fe", concluyó.

La respuesta de Aranguren a quejas por tarifazo: "Tengo que cumplir con una planilla de Excel"

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, reveló que en una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por las subas de tarifas en luz y gas, el funcionario justificó los aumentos al decir que "tenía una planilla de Excel que cumplir". "El gobierno nacional fija mal las prioridades, sólo piensa en los números y no en la gente", se quejó el bonaerense. 

 

Para el jefe comunal las propuestas oficiales para pagar las facturas son "absolutamente inviables" y cuestionó la forma en que los miembros del Gabinete se refieren al respecto. Según su relato a Radio Metro, a 10 días de los anuncios en una reunión Aranguren les habló "de números, de la rentabilidad y del criterio fiscalista con que se tomó esa decisión".

 

Recalcó que se mantuvo dialogo con el gobierno pero cuestionó las argumentaciones oficiales. "Nos escucharon, pero en el caso de Aranguren nos dijo que él tenía una planilla Excel y que tenía que cumplir con esa planilla", lanzó. "Le explicamos que detrás de esa planilla había gente, instrucciones, una vida social que cuidar y atender", amplió. 

 

Tras el fallo a favor de la Justicia Federal con asiento en ese distrito que permite a una clínica de Tres de Febrero quedar exenta del aumento de la tarifa de luz aplicado por el Gobierno nacional, Katopodis adelantó que se presentarán otros amparos de clubes barriales, teatros independientes, centros culturales. Además adelantó que están planificado acciones en conjunto con otras intendencias.

 

El intendente de San Martín mencionó que también participaron de dichos encuentros la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y su par de Interior, Rogelio Frigerio. "Tuvimos que hacer una tarea pedagógica, explicarles que en muchas de nuestras barriadas no hay redes de gas o el agua se consigue por una bomba y que entonces la tarifa social que planteaban de límite en 150 kw se consume con una heladera", afirmó.

 

Finalmente, el intendente propuso al Ejecutivo "hacer un registro de instituciones" para discriminar los aumentos. Sin embargo, del otro lado el rechazo fue terminante. "Nos dijeron que no había manera, que no sabían cómo hacerlo, y les dijimos que eran el Estado nacional, que si tuvieron la velocidad para hacer el tarifazo tienen que poder distinguir también quién puede y quién no puede pagar", reveló Katopodis.

 

El intendente admitió que se puede "estar de acuerdo con que las tarifas estuvieron congeladas muchísimos años, pero no podemos aceptar que de un día para el otro se aumente 700 por ciento".

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