POLITICA

Solá: "Las exigencias del FMI son más severas que las impuestas a Grecia"

El diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, se refirió este sábado al nuevo documento que se conoció este viernes sobre las exigencias del FMI tras la firma del acuerdo stand by con la administración de Mauricio Macri, las que consideró "más severas que las impuestas a Grecia". El Gobierno "debe cambiar o reviviremos el 2001", dijo el exgobernador de la provincia de Buenos Aires. 

 

"Las exigencias del FMI implican profundizar un ajuste tan brutal como el del gobierno de De la Rúa, el final es previsible, volver a transitar una crisis extrema", indicó. 

 

"Es fundamental trabajar para que nuestro país deje de exportar ahorro nacional e importe deuda externa como único objetivo de gobierno", consideró Solá. 

 

Además, evaluó que "no hay un único camino como el gobierno desea imponerle a la sociedad". "Es fundamental generar un programa que, en lugar de disminuir sólo el gasto, nos permita proyectar una señal de mejora de los ingresos públicos luchando contra la evasión, la efusión, el fraude impositivo y la fuga de capitales", dijo. 

 

"El acuerdo y sus condiciones implicarán que nuestro país se encamine a una realidad social tan grave como la del 2001", reiteró y llamó a construir consensos sociales que permitan obstruir cualquier intento de "imponer políticas de un brutal ajuste". 

 

En este sentido, rechazó las intenciones de "vender el mayor patrimonio del Estado, administrado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que representa la garantía de jubilados y pensionados", así como "privatizar de forma encubierta las jubilaciones y pensiones volviendo a un sistema de AFJP". 

 

También mostró su negativa a la propuesta de "cesantear a miles de empleados públicos y la presión por no respetar derechos de ajuste salarial en el Estado por encima del 8% anual para los próximos años". 

 

Otra de las exigencias del FMI que rechazó fue la de "bajar las inversiones del Estado en infraestructura y desarrollo, porque le resta vigor a cualquier proyecto de desarrollo futuro sin bases que los sostenga", así como la de "seguir endeudando al país".

Cristina arma Unidad Ciudadana en todo el país y le pide a Solá acordar con el peronismo

Cristina Kirchner está en silencio, pero activa: esta semana sus alfiles de La Cámpora comenzaron a armar Unidad Ciudadana en cada provincia con el objetivo de crear una coalición opositora fuerte que enfrente a Mauricio Macri el año próximo.

 

Ayuda en la tarea Felipe Solá, que es diputado nacional del Frente Renovador pero se promueve como candidato presidencial con la bandera de una oposición unida.

 

"Yo no quiero ir a una elección con dos peronismos. El que trabaja para que haya dos peronismos trabaja para Macri. Quiero ganarle a Macri representando a un peronismo unido", afirmó este jueves en una entrevista.

 

Según supo LPO, el ex gobernador recibe apoyo de Eduardo Eurnekián, el empresario que controla los aeropuertos y no logró una relación armónica con el Gobierno.

 

Con el respaldo de Cristina, La Cámpora ya arma Unidad Ciudadana en cada provincia. La ayuda Solá, que cuenta con la ayuda de Eduardo Eurnekián y recorre el país para pedir que no haya dos peronismos.   

 

Solá se mueve en dupla con su compañero Facundo Moyano, que tiene mandato hasta 2019 y quiere renovar por la provincia de Buenos Aires, donde Cristina sostiene márgenes altos de aceptación pero sigue sin confirmar su futuro.

 

No es un dato que llame la atención: desde 2005, siempre que fue candidata lo confirmó poco antes del cierre de listas o hasta el mismo día.

 

Y mientras cultiva el perfil bajo (ni siquiera abre la boca en las últimas sesiones) los líderes de La Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza, comenzaron a apadrinar candidatos propios en cada provincia.

 

El plan es tener una usina de Unidad Ciudadana lo más competitiva posible y recién después proponer un consenso con peronismo local para dirimir la lista final en primarias. O en un acuerdo intramuros donde no existen.

 

Sólo si no lo consiguen competirán con sello propio, un escenario que en 2017 le sirvió a Cambiemos para imponerse en Salta, Chaco y por un amplio margen en Córdoba. 

 

También en Mendoza, donde UC estuvo a un pelo de ganar la primaria peronista y sus verdugos perdieron por 20 puntos contra Cambiemos en las generales. 

 

Pero la unidad no siempre trajo los frutos esperados: en Chubut y en Santa Fe el candidato K ganó en agosto pero cayó en octubre.

 

De todos modos, sin un presidenciable consolidado los gobernadores adelantarán las elecciones locales y se despegarán de la pelea por la Casa Rosada.

 

Muchos ya se lo anticiparon a Cristina Kirchner, que puede hacer daño en contiendas locales con figuras como los diputados Sergio Leavy (Salta) y Pablo Carro (Córdoba). 

 

Y en octubre apadrinará a sus candidatos al Congreso debajo de su boleta o de quien apoye para enfrenar a Macri. Por ahora, el único kirchnerista de pura cepa que recorre el país es el diputado Agustín Rossi. 

 

En la provincia de Buenos Aires está prohibido desdoblar elecciones y por eso el año pasado los intendentes le suplicaron a Cristina enfrentar a Cambiemos y mal no les fue: la mayoría retuvo la mayoría del Concejo Deliberante y evitó sobresaltos a fin de año.

 

Para que no deban hacer lo mismo los diputados provinciales de Sergio Massa presentaron un proyecto de ley en la Legislatura que propone desdoblar elecciones municipales, pero a Cambiemos aún no le convence. Al kirchnerismo tampoco.

El acuerdo con el FMI prevé la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados

El plan del Fondo Monetario Internacional para que la Argentina llegue al equilibrio fiscal prevé la venta de inmuebles y terrenos públicos y la amortización de activos en fondos de pensión (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES) para financiar el gasto por juicios por jubilaciones. 

 

Con la famosa ley de Reparación Histórica, el Gobierno abrió la puerta a utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para afrontar el pago de juicios por jubilaciones. Con ese antecedente, ante el FMI Cambiemos se comprometió a liquidar el FGS para hacer frente a la reparación histórica.

 

De este modo, el Gobierno debería desprendese de los títulos públicos heredados de las AFJP y las acciones de empresas privadas que tiene en sus manos, según había adelantado el diario Bae. 

 

"Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica", había dicho el Gobierno en el memorandum con el FMI.

 

En ese mismo documento, el Gobierno aclaró que "el valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones”. “El monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año”, propuso.

 

El fondo de los jubilados es una masa monetaria anticíclica que está preparada para ser fuente de efectivo en períodos de crisis. Fue creado en 2007 y está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, péstamos a provincias, entre otros.

 

Según el decreto 897/'7, el FGS "instituye con alcance nacional el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) cuyo fin es cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte, el cual se encuentra integrado al Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS)". Esto fue modificado en 2016 y ahora reza que los fondos del fondo "podrán ser utilizados para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y para hacer frente a los compromisos asumidos en la Ley 27.260 de Reparación Histórica".

Macri, a punto de ascender al juez que lo benefició en los Panamá Papers

En pos de intentar cerrar la investigación sobre su rol en los Panamá Papers, el presidente Mauricio Macri acudió en abril de 2016 a la Justicia. Buscaba que un magistrado emitiera una “acción declarativa de certeza” y cargase las culpas sobre su padre Franco, liberándolo a él de toda responsabilidad. El caso recayó en el Juzgado Civil Nº 104, a cargo de Andrés Fraga, quien un año y medio después desvinculó al jefe de Estado de las opacas firmas Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA. Entonces, Fraga estaba concursando para ascender a camarista. Hoy integra dos ternas que ya fueron giradas al Poder Ejecutivo y está a la espera de una decisión del primer mandatario.

 

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“Mauricio Macri no fue socio ni accionista de la firma Fleg Trading Ltd (radicada en Bahamas)”, sostuvo el magistrado en septiembre de 2017. Y consideró que Macri “solo aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd (…) al solo y único efecto de designar a un reemplazante y renunciar”. Según el juez, el Presidente “no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fleg Trading Ltd, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad” ni “percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución” vinculada a la offshore. Lo mismo indicó respecto de la sociedad Kagemusha.

 

El caso de la declaración de certeza llegó a Fraga cuando este estaba concursando para ascender a camarista. Esto llevó a que en octubre de 2017, la camarista civil Marcela Pérez Pardo dirigiera una carta a sus pares pidiendo se investigue la actuación del magistrado ya que el caso “estaría fuera de su competencia (sería propia del fuero comercial)” y “no se habría excusado pese a encontrarse participando en un concurso (…) para un cargo cuya propuesta depende (…) de la decisión de uno de los litigantes”. Pérez Pardo estaba haciendo referencia a Mauricio Macri ya que es el Presidente quien elige a los jueces luego de que el Consejo de la Magistratura le eleva las distintas ternas con los candidatos.

 

La camarista civil reclamó en su escrito “la necesidad de transparencia en la tramitación de los procesos”, “la de asegurar la independencia judicial” y mencionó “la situación de eventual vulnerabilidad” de “un juez concursante” como Fraga, sobre todo teniendo en cuenta que “actuales funcionarios nacionales han promovido denuncias a jueces (…) por fallar en contra de las posturas del Poder Ejecutivo”.

 

En respuesta a Pérez Pardo, ya en noviembre de 2017, la entonces presidenta de la cámara Liliana Abreut de Begher contestó que “la potestad disciplinaria de los magistrados la ejerce el Consejo de la Magistratura” por lo que la camarista llevó su planteo ante el órgano que selecciona y sanciona jueces.

 

El expediente estuvo inmóvil durante meses. Finalmente, se sorteó y quedó en manos del presidente de la mentada comisión, el diputado oficialista y alfil judicial del PRO, Pablo Tonelli.

 

En el marco de este caso, el pasado 12 de julio, la comisión aprobó un dictamen de desestimación que impulsó el consejero (representante de los jueces), Leónidas Moldes. Ahora deberá manifestarse el plenario del consejo, donde el oficialismo también tiene mayoría. El apoyo de Moldes no debiera sorprender: integra con Fraga el espacio Compromiso judicial, una de las listas internas del Poder Judicial.

 

Actualmente, el juez civil integra dos ternas:

 

-La de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, donde se elegirán 6 cargos. El actual titular del Juzgado Civil Nº 104 encabeza la segunda terna, que comparte con Silvia Bermejo y Pablo Trípodi.

 

-La de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo (La Matanza), que aún no fue habilitada. Aquí, Fraga comparte la terna –que también se remitió al Poder Ejecutivo el 29 de mayo pasado- con Javier Lorenzutti y Emilio Faggi.

 

¿Qué hará el Presidente, elegirá como camarista al juez que lo “desvinculó” de los Panamá Papers? ¿Y la oposición? Los pliegos de los magistrados seleccionados por el primer mandatario deben ser aprobados por el Senado.

 

Por su parte, luego de su presentación, Pérez Pardo, ex pareja de Eduardo Freiler –destituido de la Cámara Federal- fue denunciada en el Consejo junto a sus pares de la sala L por un fallo relacionado al Instituto Patria. En junio pasado, el Gobierno pidió su juicio político junto al de Víctor Liberman y Gabriela Iturbide por "mal desempaño".

 

El salvataje judicial

Una reciente revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dejó al descubierto no sólo que Gianfranco Macri era dueño de la sociedad off shore BF Corporation y exteriorizó más de $63,5 millones en el blanqueo de capitales que organizó su hermano desde la Casa Rosada sino además que entre los archivos internos de Mossack Fonseca nunca figuró quiénes eran realmente los accionistas de la offshore bahameña Fleg Trading.

 

La decisión que tomó el juez civil, con precarios elementos reunidos, bastó para que se difundiese por todos los medios que “la Justicia desvinculó a Mauricio Macri de los Panamá Papers”.

 

Tal como publicó El Cohete a la Luna, el portal que dirige Horacio Verbitsky, el ex Inspector General de Justicia Ricardo Nissen enumeró distintas irregularidades del caso. Entre ellas, que "Fraga dio por reconocidos los hechos expuestos por el Presidente, declaró la cuestión de puro derecho y así se salteó el periodo de prueba".

 

Además, Nissen destacó que el magistrado "le otorgó trámite sumarísimo, que el Código Procesal restringe a otros casos”. Y destacó que "de la causa penal sólo se citan los testimonios de abogados, contadores, dependientes o apoderados de la famiglia y sus empresas y ninguna prueba. La jurisprudencia no acepta la prueba testimonial para acreditar el carácter de integrante de una sociedad comercial".

 

Como si fuera poco, recordó Nissen, "el demandado Franco Macri no apeló”.

 

Antecedente

El mismo día que se difundió la noticia de que Fraga había exculpado al Presidente –el 20 de septiembre de 2017-, Elizabeth Paisan estaba pasando sin cuestionamientos por la comisión de Acuerdos en el Congreso, paso clave para luego convertirse en jueza titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 y dejar de ser subrogante en el Nº 20, cargo que ejerció desde el 2007. ¿Quién es Paisan? Otra de las magistradas que sobreseyó a Macri en uno de los desprendimientos de los Panama Papers.

 

En octubre pasado, Paisan – cuyo nombre apareció en el cuaderno que fue usado como registro de pago de coimas por el comisario Norberto Villareal y que incriminó al ex jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar- se hizo eco de lo que dictaminó Fraga y sobreseyó al Presidente en el caso que investigaba la omisión de las offshores en las declaraciones juradas de Mauricio Macri.

 

En términos generales, Paisan sobreseyó al Presidente en un expediente en el que se lo investigaba por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y por falsear su declaración jurada. La decisión de la magistrada también alcanzó a Nicolás Caputo, el mejor amigo del jefe de Estado.

Alberto Rodríguez Saá aseguró que el PJ "Tiene que estar" dentro del frente Kirchnerista

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aseguró hoy que el denominado "peronismo racional" debe estar dentro del frente justicialista, para que compita en 2019 junto con el kirchnerismo. Además de destacar la importancia de la unión de los peronistas, manifestó que: "El límite se llama Mauricio Macri".

 

De cara a los comicios presidenciales de 2019, el dirigente opositor se quejó de sus pares que plantean objeciones a la hora de hablar sobre crear espacio común con la ex presidente Cristina Fernández: "El peronismo racional tiene que estar, lo tenemos que invitar. Tenemos que abrirles las puertas. Y si ellos tienen una puerta para abrirnos, tenemos que entrar y abrazarnos”, declaró.

 

“Somos todos peronistas", fueron las palabras del mandatario  puntano. En diálogo con FM La Patriada, Rodríguez Saá manifestó su desacuerdo con algunos dirigentes del Partido Justicialista (PJ), que dijeron que el presidente Mauricio Macri "tenía la vaca atada, todo resuelto, que sólo había que pensar en 2023".

 

“Tenemos que volver a las banderas clásicas del peronismo e ir a una interna: el que tiene más votos es el candidato de todos. Nos aseguramos ganar la elección con nuestra bandera", enfatizó. Asimismo, el gobernador de San Luis reclamó que el frente que se arme para 2019, no imponga un piso electoral para la integración de las distintas listas internas, puntualmente en lo que hace a la nómina de candidatos a diputados nacionales.

 

En cuanto a esta unión de listas internas, Rodríguez Saá hizo hincapié sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ya que aseguró que “todas las listas tienen que estar en igualdad de condiciones”. Esto se debe en gran medida, al interés del gobernador por que participen varias listas y tener más oportunidades en la elección.

 

"El final es previsible, revivir el 2001"

Hoy Felipe Solá, quien se encuentra montado a su deseo de sumarse a la contienda presidencial del año entrante, no dudó en volver a cuestionar el aprobado acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, y sostuvo que si se acatan las "recomendaciones" del organismo multilateral el país caerá en una crisis similar a la del 2001. 

 

El diputado nacional criticó los términos y condiciones del entendimiento con la entidad encabezada por la francesa Christine Lagarde por el cual el Gobierno obtuvo un crédito de 50.000 millones de dólares. "Las exigencias del FMI implican profundizar un ajuste tan brutal como el del Gobierno de Fernando De la Rúa", advirtió. 

 

Siguiendo esta línea, sumó a su descargo: "El final es previsible, volver a transitar una crisis extrema...revivir el 2001". Según razonó Solá, rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el primer paso para que el Gobierno nacional revierta una agenda de recortes más severa que la que le fue impuesta a Grecia. 

 

"Es tiempo de romper con una realidad que nos impone una sociedad empobrecida, de desempleo creciente, de menor actividad económica, con un default de deuda que acecha, y un Estado que se subordina al FMI y a los fondos de inversión", invitó este sábado el legislador. 

 

Asimismo, enfatizó en que "fundamental" trabajar para que la Argentina deje de exportar ahorro nacional e importar deuda externa como único objetivo del Gobierno. "No hay un único camino como el Gobierno desea imponerle a la sociedad. Es fundamental generar un programa que, en lugar de disminuir sólo el gasto, nos permita proyectar una señal de mejora de los ingresos públicos luchando contra la evasión, la efusión, el fraude impositivo y la fuga de capitales", explicó. 

 

El diputado se refirió al acuerdo y a que sus condiciones implicarán que la Argentina se encamine a una realidad social tan grave como la del 2001 un día después de que las autoridades del organismo financiero, por medio del denominado "staff report", les hicieran varias sugerencias al equipo económico del presidente Mauricio Macri. 

 

Entre los puntos a los que se hizo referencia se destacan la recomendación de congelar la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja así como postergar ciertos aspectos de la reforma tributaria. También se propuso reducir el gasto en obra pública en un 0,6 por ciento del PIB en 2019. Además, se solicita acelerar la reducción de subsidios. 

 

En tanto, el jefe de la misión en la Argentina del Fondo Monetario Internacional, Roberto Cardarelli, estimó ayer que la Argentina "comenzará una recuperación gradual en 2019 y 2020, ante una mayor confianza y una caída de los costos de capital y en la inflación".  

 

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