POLITICA

Casanello ordenó comparar las declaraciones juradas de Macri por los Panamá Papers

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La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó a pedido del fiscal del caso, Federico Delgado, realizar un análisis y que se le informe, en caso de detectar "contradicciones", cuál fue su motivo, confirmaron fuentes judiciales.

 

Delgado había pedido la medida para determinar si las diferencias detectadas en las declaraciones juradas fueron originadas en la "dificultad de articular los formularios exigidos por el gobierno local con aquellos del federal".

 

En 2013, Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, según argumentó su defensa, las declaraciones juradas tenían distintos formularios a los que se usan a nivel nacional y que están supervisados por la Oficina Anticorrupción (OA).

 

Según la denuncia que originó la causa penal hecha por el diputado del Frente para la Victoria Norman Martínez, habría contradicciones en las declaraciones juradas en relación a las firmas off shore, radicadas en Panamá y Bahamas, en las que Macri habría figurado como directivo.

 

El análisis se encargó de manera conjunta a la OA y a la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño.

 

Casanello les dio un plazo de 10 días para elaborar un "informe conjunto" y detallar las diferencias entre ambos formularios.

En la causa se investigan las sociedades vinculadas a dos firmas off shore, Fleg Trading LTD y Kagemusha SA.

 

El juez ya libró exhortos a Bahamas y Panamá para que informen "a la brevedad" si el Presidente figura o figuró como accionista de ambas firmas.

 

Según el denunciante, las sociedades no figuran en las declaraciones juradas de Macri previas al escándolo conocido como Panamá Papers.

 

Rosatti juró como ministro en la Corte y reafirmó que los jueces deben pagar Ganancias

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Rosatti juró como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una ceremonia celebrada en el Palacio de Tribunales y que encabezó el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

 

Rosatti, santafesino, de 59 años de edad, juró por “Dios y la Patria”, cinco minutos después de que, a las 11, comenzara el acto en la Sala de Audiencias ubicada en cuarto piso del Palacio de justicia.

 

“Totalmente”, contestó el flamante ministro de la Corte cuando, al término de la ceremonia, los periodistas le preguntaron si consideraba una “prioridad” a la lucha contra la corrupción.

 

El juez Rosatti dialogó con la prensa después de jurar como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia

 

En tal sentido, Rosatti afirmó que “la justicia tiene una deuda” y que “debe recuperar la confianza de la sociedad”.

 

El juramento, al que asistieron entre otros la vicepresidente Gabriela Michetti, el ministro de Justicia Germán Garavano y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lo tomó el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, acompañado por los también jueces del tribunal Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

 

El acto, que tras el juramento de Rosatti se cerró con un prolongado aplauso de los asistentes, duró cinco minutos, pero los saludos se extendieron por el resto de la mañana en el cuarto piso de Talcahuano 550 de esta ciudad.

 

La designación de Rosatti se produjo a través del decreto 803/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro Garavano el 22 de junio último.

 

Con la asunción de Rosatti, la Corte tiene ahora cuatro miembros y se completará en agosto próximo, tras el receso judicial de invierno, para cuando está previsto el juramento del quinto integrante, Carlos Rosenkrantz.

 

Rosatti recibido como abogado en la Universidad del Litoral, fue intendente de Santa Fe entre 1995 y 1999, Procurador del Tesoro de la Nación y Ministro de Justicia durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner, puesto al que renunció en julio de 2005, en desacuerdo con los precios para la construcción de cárceles federales.

 

“No me arrepentí”, afirmó ante los periodistas con relación a esa decisión, porque explicó, “uno tiene que plantarse” y “valorizar el no”, ya que en esos casos “los precios no me cerraban”.

 

Rosatti es partidario de que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias –en contra de lo que de manera unánime expresaron días atrás distintos estamentos del Poder Judicial- pero dijo que la aplicación del tributo debe ser “gradual” y “no afectar las remuneraciones”.

 

Rosatti se excusó de opinar sobre el aumento de las tarifas de servicios públicos porque “a corto plazo -vaticinó - habrá una definición” por parte de la Corte y, como él ahora la integra, no quiso adelantar su voto.

 

El pliego de Rosatti, profesor universitario, doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y autor de decenas de libros sobre derecho, fue aprobado hace dos semanas por amplia mayoría, 60 votos a favor y 10 en contra por el Senado de la Nación.

 

Las principales impugnaciones partieron de los legisladores kirchneristas, que le reprocharon haber aceptado la propuesta -luego retirada- que efectuó Macri a pocos días de asumir como presidente para que, junto a Rosenkrantz, integrara la Corte como juez “en comisión”.

 

Otras observaciones de los legisladores tuvieron que ver con la cuestión vinculada al “cupo femenino” en la Corte, que en agosto, sobre cinco miembros, solo tendrá una mujer.

 

Rosatti relativizó la importancia de la cantidad de jueces que debería tener el máximo tribunal: “primero hay que ver qué tipo de Corte queremos y luego -subordinado a ese objetivos- el número de sus integrantes”, pero evitó extenderse sobre el punto porque “ese es un resorte legislativo” correspondiente a otro poder del Estado.

 

En un episodio que contrastó con la solemnidad del acto, Rosatti, quien reivindicó su condición de provenir del interior" del país -"somos más tranquilos", dijo- aprovechó la informal reunión con los periodistas para enviarle un saludo a su madre "que me está viendo en Santa Fe y no pudo venir" y "al pueblo de esa provincia, que siempre me apoyó tanto".

Leandro Báez: “No tenemos miedo, vamos a cumplir con la Justicia, nada más”

Tres es de los cuatro hijos, citados para prestar declaración indagatoria ante la Justicia entre el 4 y el 11 de julio, arribaron esta madrugada  y sorpresivamente en el mismo avión viajó Máximo Kirchner, viajó para participar como cada semana en la sesión de Diputados.  

 

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Leandro, Luciana y Melina viajaron en el vuelo 1883 de Aerolíneas Argentinas que partió de la ciudad de Río Gallegos y arribó al aeroparque metropolitano Jorge Newbery pasadas las 5.30, y al salir de la terminal aérea fueron increpados por algunos pasajeros que los insultaron y les gritaron "ladrones, devuelvan la plata", además de calificarlos de "corruptos" y "vendepatria".

 

Sorpresivamente los Báez compartieron el mismo avión con el diputado nacional del FpV y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

 

Consultado por la prensa sobre si sabía que en el mismo avión iban tres de los hijos de Báez, respondió: “Mirá vos, no sabía”; al tiempo que indicó que su viaje era para participar de una sesión en la

 

Cámara baja y remarcó que “siempre viajo en este vuelo”.

 

Al contingente Báez se les unirá en Buenos Aires el otro de los hermanos, Martín, el mayor de los varones, sospechado como una pieza clave en el engranaje de la llamada ruta del dinero K, además de haber sido el comprador de varias de las estancias que se le adjudican a su padre Lázaro en la provincia de Santa Cruz.

 

En cualquier caso, los cuatro hermanos Báez (Martín, Luciana, Leandro y Melina) deberán comparecer ante el juez Sebastián Casanello para dar explicaciones sobre su condición de beneficiarios de una media docena de cuentas bancarias en Ginebra, llegando incluso una de ellas a manejar 25 millones de dólares.

 

 

Los hijos de Báez llegaron a Buenos Aires tras ser citados por Casanello y compartieron vuelo con Máximo Kirchner

 

Por esta razón, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la detención.

 

Por su parte, la defensa de Báez pidió que suspendiera la citación de los hermanos Báez (quienes según confesó su padre la semana pasada, buscando probar su inocencia, “sólo saben el cincuenta por ciento” de lo que pasó) por entender que no hay pruebas para acreditarles la titularidad de cuentas en el extranjero.

 

También pidió que no citara a sus hijos hasta tanto la Cámara no expidiera sobre la recusación a Casanello por ellos solicitada.

 

“No tenemos miedo”, dijo escueto Leandro Báez a la agencia Télam y a otros medios de prensa que ocuparon posiciones en el aeropuerto de Río Gallegos, adonde los hijos del empresario preso por corrupción llegaron con más antelación de la que exigía la hora del vuelo, y añadió: “Vamos a cumplir con la Justicia, nada más”.

 

Por su parte, Luciana, quien viajó acompañada de su marido Jorge Müller, al ser consultada sobre la posibilidad de ver a su padre en el penal donde está preso, respondió con un escueto “espero que sí”, mientras que ante la pregunta de si tenía miedo, dijo: “No, tranquila”.

 

El de los Báez fue un embarque que transcurrió en un clima de tensión, dada la reticencia de los hermanos a tener contacto con el periodismo; protagonizándose algunas escenas que tuvieron como actores centrales a los guardaespaldas que custodiaban a los hijos del dueño de Austral Construcciones.

 

Gobierno actualizó el índice de jubilaciones y pensiones

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El Gobierno actualizó por decreto el índice de jubilaciones y pensiones. De acuerdo a la normativa publicada en el Boletín Oficial, el nuevo índice deberá incluir hasta el 31 de marzo de 1995 las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.); entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.); y a a partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley N° 26.417.

 

En los considerandos se remarca que "en la actualidad existe una gran cantidad de reclamos en sede administrativa y judicial, promovidos por los titulares de las prestaciones previsionales, tendientes a lograr la redeterminación del haber inicial sobre la base de la exigencia de la actualización de las remuneraciones que deben considerarse a dichos efectos".

 

En ese sentido, el texto da cuenta de que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 11 de agosto de 2009, dictó el precedente "ELLIFF ALBERTO JOSÉ c/ANSES s/REAJUSTES VARIOS", en el cual, al confirmar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, estableció que la actualización de las remuneraciones computables a efectos de determinar la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia se practicará hasta la fecha de adquisición del beneficio, sin limitación temporal alguna".

 

Asimismo, sostiene que "a pesar de los dictados de las diferentes normas reglamentarias que fijaron distintos métodos de actualización de remuneraciones para el cálculo de las prestaciones previsionales, no se ha logrado solucionar la problemática referida a la litigiosidad institucional que enfrenta actualmente el organismo de gestión del Sistema Nacional de la Seguridad Social, ni tampoco evitar la presentación masiva de nuevos reclamos administrativos y judiciales, en lo que respecta a períodos de actualización anteriores a la vigencia de la Ley N° 26.417".

 

Por lo tanto, destaca que "a fin de comenzar a dar una solución a la problemática planteada y con el objeto específico de interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios, el Estado Nacional ha decidido efectuar las correcciones necesarias para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las futuras prestaciones, sean actualizadas en forma justa y razonable, en concordancia con las previsiones que ha definido el legislador al momento del dictado de la normativa previsional vigente y la jurisprudencia emanada del tribunal cimero".

 

En ese marco, la normativa añade que "resulta necesario que los valores históricos de las remuneraciones a considerar para el cálculo de prestaciones a otorgar, sean actualizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente decreto".

 

Párrafo siguiente, el decreto detalla que "en las prestaciones a otorgar con alta a partir del mensual agosto, las remuneraciones históricas tomadas en cuenta para calcular el salario promedio, serán actualizadas de la siguiente manera: hasta el 31 de marzo de 1995, se aplicará el Índice Nivel General de las Remuneraciones (I.N.G.R.); entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008 se aplicará la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (R.I.P.T.E.) calculada por la Secretaría de Seguridad Social".

 

En ese sentido, sostiene que "para su elección se ha tenido en cuenta que ambos índices no se limitan a un sector de la economía en particular sino que reflejan la evolución de los salarios declarados por los empleadores de todos los sectores" y que, "de esta manera, su aplicación va a permitir una justa y adecuada actualización de las remuneraciones a considerar".

 

"Además el R.I.P.T.E. agrega la condición de estabilidad del trabajador como variable adicional complementaria, y se ha mantenido en cifras similares al Índice de Salarios Nivel General del I.N.D.E.C., que es el que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elegido específicamente, para reajustar por movilidad entre los años 2002 y 2006", destaca.

 

El decreto también sostiene en su argumentación que "el problema de la litigiosidad no se constata solamente en la gran cantidad de juicios, sino también en la larga duración de los pleitos, en los que muchas veces se discuten cuestiones que ya se encuentran zanjadas por la jurisprudencia".

 

Por esa razón, la normativa indica que "a fin de abordar la problemática también desde esta perspectiva, el Estado Nacional ha decidido colaborar con la disminución de los tiempos de los procesos judiciales, instruyendo a la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que no interponga recursos extraordinarios en aquellos supuestos en que el resultado sería desfavorable, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales existentes".

 

La medida lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Panamá Papers: el Gobierno podría demorar exhortos sobre Macri

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El Gobierno podría demorar los exhortos que pesan sobre el presidente, Mauricio Macri, en el caso Panamá Papers. La Cancillería argentina consideró que "no hay claridad en la descripción de los hechos imputados", lo que podría incluso hacer fracasar los pedidos de informe a Panamá y Uruguay hechos por el juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello.

 

"Esta Autoridad Central se permite destacar que de la lectura de la solicitud no surge con claridad la descripción precisa o circunstanciada de los hechos imputados -de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 - y esto determina la posibilidad de que las autoridades requeridas, en forma previa a la ejecución de la solicitud, requieran aclaraciones al respecto o procedan a su devolución para su complementación", dice la nota 6583/16 de la Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal de Cancillería del 15 de junio pasado.

 

Ello es en relación a los exhortos a Panamá y Uruguay que Casanello ordenó para obtener información societaria sobre la empresa "Foxchase Trading S.A.".

 

"Foxchase Trading S.A." es una compañía creada e en Panamá el 10 de diciembre de 2012 y que con otra que tiene domicilio en Uruguay controlaron "Macri Investment Group" (MIG), la firma sobre la que Mauricio Macri declaró en 2014 que tenía participación societaria.

 

Foxchase está mencionada porque MIG da sus acciones para constituir "Global Collection SA", vinculada a Global Collection Do Brasil, a la que ingresa "Fleg Trading", la empresa off shore que está siendo investigada en el marco de los Panamá Papers.

 

De todas maneras, las solicitudes de asistencia dirigidas a Uruguay y Panamá han sido remitidas a las respectivas Autoridades Centrales, según se confirmó en tribunales.

 

Macri está imputado por supuesta omisión maliciosa en declarar su participación en las empresas off shore "Fleg Trading LTD" y "Kagemusha SA", registradas en Bahamas y Panamá, de acuerdo a una investigación de un consorcio de periodistas.

Senado vota hoy el blanqueo

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La Cámara de Senadores buscará convertir hoy en ley el proyecto que permitirá comenzar a pagar las deudas previsionales a jubilados y pensionados, que hayan o no iniciado juicios contra el Estado, por la mala liquidación de sus haberes. La iniciativa, que fue sancionada por amplio margen en la Cámara de Diputados, será puesta a consideración de los legisladores después del mediodía.

 

El proyecto cuenta con un gran respaldo, tanto del oficialismo como de la oposición, por lo que se descuenta que será convertido en ley. El dictamen obtuvo el apoyo de la mayoría de los legisladores que integran las cuatro comisiones a las que fue girada la medida.

 

Entre otros, firmaron el expediente no sólo legisladores de PRO y del radicalismo, sino del peronismo disidente, del massismo y la gran mayoría de los integrantes del Frente para la Victoria. El proyecto contempla el pago de las deudas por haberes mal liquidados a jubilados y pensionados, que se financiará en parte gracias a reformas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del ANSES y en parte a la apertura de un blanqueo de capitales.

 

La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de Blanqueo de Capitales recibió varios cambios en la Cámara de Diputados con respecto al expediente que envió el Poder Ejecutivo. La propuesta promueve la declaración de la emergencia en los casos de litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mala liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.

 

Uno de los cambios fundamentales se produjo luego de la detención del exsecretario de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas, José López, para excluir del blanqueo de capitales a los familiares directos de los funcionarios públicos y a los integrantes del Parlasur. Se suman, así, a los ya excluidos jefe y vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernadores, intendentes y funcionarios nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado.

 

No tributarán nada quienes blanqueen hasta los 305.000 pesos. Pagarán un arancel del 5% quienes blanqueen la compra de inmuebles y capitales por hasta 800.000 pesos y del 10% para los montos mayores. Suma que sube al 15% desde el próximo año.

 

Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de los jubilados (casi dos millones y medio).

 

Podrán participar aquellos que tienen una sentencia firme favorable en juicios contra el Estado por haberes mal calculados, quienes iniciaron juicios pero aún no obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio, pero se les reconocen haberes mal calculados.

 

Aquellos con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50% de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales.

 

El financiamiento del programa se hará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se habilita al Estado a vender las acciones de la ANSES en empresas privadas hasta un siete por ciento de la cartera que debe permanecer en manos del Estado.

 

La propuesta obtuvo rápido el apoyo de los gobernadores tras la firma del acuerdo para devolverles el 15% de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional.

 

Además se otorga un beneficio a los trabajadores de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.

 

El proyecto también incluye la Pensión Universal para la Vejez que supone el ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y que será a partir de los 60 años para las mujeres y de los 65 para los hombres.

 

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